Historia Económica de la Nueva España en la época de los Austrias

Durante la colonia se gesta el México moderno. En el ámbito económico nos lo muestra con meridiana claridad el libro de Francisco Calderón. Aunque fundamentalmente es una obra de historia económica, no todo en ella es economía. El libro comienza con el relato de la llegada del hombre al Continente Americano, aproximadamente 33 mil años antes de Cristo. Mas de 100 páginas se demora Calderón en entrar en materia para situarse en la época de su interés: los siglos XVI y XVII. Desde el punto de vista épico, contiene pasajes apasionantes, plenos de emoción narrativa a pesar del estilo llano en que está escrito. Uno de ellos es el capítulo sobre la colonización del septentrión novohispano emprendido por el gobierno virreinal. Otro es el de la batalla librada por España en el Atlántico contra las potencias que intentaban despojarla de la plata de las Indias, y que recuerda a la escenificada durante el siglo xx en ese mismo océano por los submarinos alemanes y los convoyes aliados. Dice Calderón que el Estado Español de los siglos XVI y XVII mantuvo “como política permanente controlar y reglamentar hasta los más mínimos detalles de la vida económica y social de los diferentes reinos que constituían su vasto imperio”. Esta era una tradición muy arraigada en España y que se conservó vigente no sólo respecto a las posesiones de ultramar sino en la propia metrópoli. La Corona Española fue un Estado dirigista, reglamentador, interventor y omniabarcante. Esto se debió a su condición de imperio expansionista y a su carácter dogmático e iluminado, pues por razones históricas y religiosas se arrogó la tarea de defender, difundir y preservar la fe cristiana en el mundo. A ello se agrega un concepto fundamental inherente a las ideas políticas y económicas que guiaban a la monarquía española de esas épocas: que era responsabilidad personal del rey ver por la buena marcha de la sociedad y por el comportamiento recto de los individuos en sus dominios. Pero el Estado español no fue un “Estado benefactor” en el sentido moderno del término. Esto se demuestra con sólo una ojeada a su política fiscal. Durante el reinado de los Austrias, la Corona española mostró una verdadera obsesión recaudatoria, pero los recursos eran primordialmente para la subvención de la guerra permanente en que vivió España en esos siglos. No fue un “Estado benefactor” pues nunca existió la doctrina de que se acudiera por vía presupuesta1 con fines redistributivos, o en auxilio de los débiles y los necesitados. La situación fue, incluso, la opuesta. Por razones de caridad cristiana, de la Corona y de la Iglesia provinieron el amparo y la protección que se otorgaba a los indios. Pero, a su vez, la conquista los convirtió en súbditos del rey y como tales pasaron también a ser sus tributarios. Esta situación, por otro lado, no fue causa de grandes dificultades pues era esa una condición a la que estaban acostumbrados los naturales de tiempo atrás pues la habían padecido por siglos. Todo ello resultó entonces en un mero cambio de amo. Fue por dicho afán recaudatorio por lo que el gobierno llegó a incurrir en actos confiscatorios y a decretar con frecuencia préstamos forzosos. Pero, sobre todo, de ahí provino la funesta transformación de las alcabalas de un impuesto ad valorem en otro que gravaba al comercio interior. Esto, como se sabe, causó grave trastorno al flujo interno de mercancías y por ese conducto al desarrollo de la actividad económica. Dos precondiciones se desprenden siempre de cualquier intervencionismo económico, y el caso de España no fue una excepción. En primer lugar la necesidad de expedir toda una catarata de leyes y reglamentos y, en segundo, de desarrollar una burocracia encargada de su aplicación. Según John Kenneth Galbraith la actividad legislativa fue tan intensa que para el ano 1770 ya eran más de 400 mil los ordenamientos recogidos en 11 mil leyes, con la agravante, ademas, de que muchos de ellos fueron formulados por órganos carentes de experiencia de primera mano en cuanto a la realidad económica y social del Nuevo Continente. Una de las principales consecuencias fue el crecimiento de la burocracia, la cual si bien era reducida si se la compara con la de tiempos más recientes, resultaba inmoderada y gravosa para la economía de aquellos siglos. Otro resultado de la prolijidad y complicación de leyes y reglamentos fue la inclinación creciente y generalizada a eludir su cumplimiento. Este pasatiempo virreina1 floreció de preferencia en materia tributaria, la mayoría de las veces por vía del cohecho. Si a ello se suma, según observa Calderón, que la Corona recurría a la venta de los puestos públicos para hacerse de más recursos, “se entiende el porqué la corrupción burocrática era un fenómeno socialmente aceptado”. Lo anterior quizás ayude a explicar el origen de algunas de las deformaciones atávicas que afligen a nuestra sociedad. En primer lugar, el patrimonialismo endémico de nuestros servidores públicos, y el desdén con el que tradicionalmente han mirado las necesidades de la colectividad. El desprestigio que por lo general rodea en nuestro medio al servicio civil y la venalidad como valor entendido. La consigna regulacionista del Estado español, ya se ha dicho, abarcó prácticamente todos los aspectos de la vida económica. El hecho incontrovertible, apunta Calderón,

...es que el gobierno impuso todo tipo de trabas a la actividad económica, multiplicando los trámites, inspecciones y permisos, controlando los precios, suprimiendo o limitando la competencia, estableciendo normas de calidad detalladas para multitud de artículos manufacturados, fijando rutas comerciales y prohibiendo otras, creando monopolios gubernamentales, dando concesiones exclusivas a personas, corporaciones o regiones y multiplicando las gabelas fiscales que, más que altas, eran erráticas..

El dictamen económico sobre todo lo descrito es inequívoco: rentas monopólitas y precios elevados, baja productividad e ineficaz explotación de los recursos naturales; iniquidad y privilegios; falta de competencia y una asignación ineficiente de los factores de la producción; trabas ala inventiva ya la función empresarial. De todo se puede acusar al Estado español de los siglos XVI y XVII menos de pereza legislativa. El cúmulo de disposiciones expedidas recuerda al ocurrido en épocas más recientes, la principal de las cuales se promulgó en 1951 con el pomposo nombre de “Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica”. Al igual que en nuestro siglo, particularmente ineficaces fueron las ordenanzas relativas a los controles de precios. A pesar de su persistencia los precios no sólo fluctuaron de acuerdo con la oferta y con la demanda sino que ocasionaron que las tierras se dedicaran de preferencia al cultivo de productos no regulados. Así, no obstante las múltiples prohibiciones dado que el azúcar se consideraba como un bien suntuario, el gobierno virreinal no consiguió impedir que cada vez mayores extensiones se aplicaran a la producción de caña. De los monopolios prohijados por los Habsburgo ninguno más perjudicial, más grávido de consecuencias nocivas a largo plazo, que el de la Casa de Contratación de Sevilla que acaparó el comercio entre la metrópoli y sus colonias. Esta fue una típica expresión no sólo de la mentalidad centralista del Estado español sino de las doctrinas mercantilistas tan en boga en esos siglos. Imbuidos los principales funcionarios de la Corona de esas ideas, el gobierno desarrolló una verdadera obsesión por contener las importaciones y frenar el contrabando. En el mejor de los espíritus crisohedonistas, el objetivo era la retención a toda costa de los metales preciosos dentro del reino. Una de las medidas más desastrosas fue la intervención del Consulado de Sevilla para atajar el comercio que se estaba desarrollando en el Pacífico entre los países de Oriente, la Nueva España y el virreinato del Perú. La razón era la competencia que por esa vía se hacía a las mercaderías de España. En consecuencia, explica Calderón, las exportaciones manufactureras de la Nueva España hacia el Perú, incipientes pero en expansión, quedaron suspendidas de tajo, la Nueva España hacia el Perú, con lo que se marchitó la naciente industria novohispana “y se frustró por siglos la natural integración económica entre los países hermanos”. Con ello quedó también coartada la expansión del Imperio español hacia el Asia; se bloqueó la posibilidad de consolidar la influencia hispano - mexicana en ese hemisferio, y se frustró el proyecto de establecer un importante flujo comercial hacia Europa de artículos orientales y de los virreinatos, lo cual podría haber ayudado a compensar las importaciones españolas provenientes de Holanda, Francia e Inglaterra. Por todo lo expuesto, el juicio histórico sobre las políticas económicas aplicadas por la Corona Española durante los siglos XVI y XVII no puede ser mas desfavorable. Una de sus enseñanzas es que los expedientes regulacionistas rara vez alcanzan sus metas. Lo que es más, muy contados son los casos en que terminan por favorecer a los supuestos beneficiarios de las medidas. El caso comentado del comercio del Pacífico es ilustrativo, por la miopía que significó perjudicar a los reinos de todo un continente por conservar las rentas monopólicas de un grupo ya de por sí privilegiado. Los ejemplos son numerosos y nos los ofrece en bandeja la historia. Sin embargo, hoy por hoy el meollo no es ya tanto el de aprender esas lecciones, sino el poder hacerlo a tiempo y reaccionar con oportunidad. Es lamentable que se haya tenido que desatar la terrible crisis de la deuda en 1982 para que se empezara a cuestionar la viabilidad de las estrategias proteccionistas y paternalistas que fueron, en realidad, las que le dieron origen.

Eduardo Turrent

Vuelta 142, julio de 1989